Afrodescendientes

Las elec­ciones pres­i­den­ciales colom­bianas, del pasado 30 de mayo, se sal­daron con una sor­presa: los can­didatos favor­ables al pres­i­dente Álvaro Uribe se dis­pararon en la votación. El can­didato del pres­i­dente, del Par­tido de la U, Juan Manuel San­tos, a quien las encues­tas daban un 37,5% de las pref­er­en­cias, sacó casi diez pun­tos más. Y  Ger­mán Var­gas, de Cam­bio Rad­i­cal, prác­ti­ca­mente trip­licó el 3,8% que le daban las encues­tas. Nada salió como pre­veían las encues­ta­do­ras más serias y los exper­tos mul­ti­pli­can las inter­preta­ciones. Pero no he visto una que incluya lo que quizás sea la clave de los resul­ta­dos ines­per­a­dos: la narcopolítica.

Hace unos meses, Rafael Gar­cía Tor­res, el exjefe de infor­mática del Depar­ta­mento Admin­is­tra­tivo de Seguri­dad (DAS), el órgano de seguri­dad del gob­ierno colom­biano, explicó en detalle como el nar­cotrá­fico y los para­mil­itares se adueñaron de la vida política en Colombia.

Gar­cía Tor­res, parte de ese engranaje, huyó al sen­tir que su vida cor­ría peli­gro. Pero, en su huída, habló largo y detalladamente.

Desde 1999 las Autode­fen­sas Unidas de Colom­bia (AUC), que agrupa a para­mil­itares y gru­pos de nar­co­traf­i­cantes, “hicieron alian­zas con políti­cos tradi­cionales de sus áreas de influ­en­cia, con el fin de apoder­arse pau­lati­na­mente de la admin­is­tración pública”, aseguró.

Los efec­tos de esa alianza se hicieron sen­tir rápidamente.

“Para la elec­ciones leg­isla­ti­vas del año 2002, cel­e­bradas en marzo, las Autode­fen­sas lograron apoder­arse de aprox­i­mada­mente 40% de las curules del con­greso”, afirma Gar­cía Tor­res. Y agrega: “De no haber sido por el apoyo para­mil­i­tar, Álvaro Uribe no habría obtenido esta vic­to­ria en primera vuelta”, en las elec­ciones de ese año.

La his­to­ria vuelve ahora a repe­tirse. En las elec­ciones par­la­men­tarias de marzo, los sec­tores uribis­tas lograron un cómodo tri­unfo. El Par­tido de la U, de los seguidores del pres­i­dente Álvaro Uribe, alc­nazaron 25% de los votos, y los con­ser­vadores, ali­a­dos suyos, casi 21%, en unas elec­ciones en las que par­tic­i­paron ape­nas 44% de los inscritos.

“Las elec­ciones leg­isla­ti­vas del pasado 14 de marzo son las más vici­adas en una larga his­to­ria de fraudes y anom­alías elec­torales en Colom­bia. Los resul­ta­dos y el tri­unfo de la abs­ten­ción, dejan impor­tantes lec­ciones y aler­tas que no deben pasar desapercibida, dijo la escritora colom­biana Mau­reén Maya.

Pero eso no es lo más grave. Citando a comen­taris­tas colom­bianos, Maya agregó que, en esas elec­ciones “fueron elegi­dos 22 senadores que están en las inves­ti­ga­ciones de la ‘para­política’ o son herederos de quienes están pre­sos o con­de­na­dos por estos deli­tos: 8 del par­tido de ‘la U’, 7 en el PIN, 5 en el Par­tido Con­ser­vador, 1 en Cam­bio Rad­i­cal y 1 en el Par­tido Lib­eral. La influ­en­cia en la Cámara de Rep­re­sen­tantes es aún más grande…”

El PIN, un par­tido creado con recono­ci­dos miem­bros de la narco y la para­política, logró un mil­lón de votos en esas elec­ciones par­la­men­tarias, lo que le valió 8 curules en el senado y 11 en la Cámara de Representantes.

Los nom­bres son bien cono­ci­dos y, en Colom­bia, cuando no hay quórum en el con­greso, dice, en broma, que vayan a sesionar a la cár­cel de La Picota. Ahí siem­pre hay quórum, porque senadores, diputa­dos, min­istros, emba­jadores, mil­itares, los pari­entes más cer­canos al pres­i­dente Uribe, incluyendo su her­mano y un primo her­mano, exse­nador, están bajo inves­ti­gación judi­cial o con­de­na­dos por los crímenes de la parapolítca.

“En la primera admin­is­tración de Álvaro Uribe (2002–2006) la buro­c­ra­cia, es decir los car­gos y enti­dades, fueron dis­tribui­dos entre los con­gre­sis­tas recién elegi­dos que habían apoy­ado su can­di­datura. Esto dio como resul­tado que los car­gos se dis­tribuyeron entre los difer­entes blo­ques de las autode­fen­sas, puesto que esos con­gre­sis­tas, en su inmensa may­oría, le debían el haber con­seguido esa curul en el con­greso al apoyo para­mil­i­tar”, afirmó Gar­cía Tor­res en sus declaraciones.

En ese esce­nario, se cel­e­braron el pasado 30 de mayo las elec­ciones pres­i­den­ciales. Uribe no pudo com­pe­tir, porque la Corte Con­sti­tu­cional rec­hazó su pre­ten­sión de con­vo­car un plebisc­ito que le per­mi­tiera aspi­rar a un ter­cer mandato.

Nue­va­mente, ganó su can­didato. Nue­va­mente votó ape­nas la mitad de los elec­tores. Y el resul­tado no dejó de sor­pren­der. Las encues­tas, todas, daban un vir­tual empate entre el uribista Juan Manuel San­tos, exmin­istro de Defensa, y Antanas Mockus, exrec­tor uni­ver­si­tario y exal­calde de Bogotá, pero los resul­ta­dos le dieron a San­tos más del 46% de los votos, y ape­nas 21% de Mockus. Ambos irán a una segunda vuelta, que con­fir­mará el tri­unfo de Santos.

“El establec­imiento creó  un can­didato como Mockus para legit­i­mar elec­ciones. Sabe­mos que fue fic­ti­cio y mediático su crec­imiento”, dijo la senadora Piedad Cór­doba, para explicar el resul­tado electoral.

Colom­bia seguirá sometida a la nar­copolítica, en medio de escán­da­los que no ter­mi­nan, del des­cubrim­iento de fosas comunes con 2.000 y 3.000 cuer­pos de campesinos asesina­dos por los mil­itares y los para­mil­itares, con 100 mil (algunos hablan del doble) desa­pare­ci­dos, con índices de desigual­dades sociales y pobreza solo com­prables a los peo­res de América Latina, con una policía acu­sada de cor­rup­ción, de vig­i­lan­cia y seguimiento a mag­istra­dos, peri­odis­tas y opositores.

La nar­copolítica ha salpic­ado a todo el gob­ierno. Cier­ta­mente, por eso, en Colom­bia se oye, cada vez con mayor fre­cuen­cia, que el jefe de todos debería estar sen­tado en el Tri­bunal Penal Inter­na­cional, acu­sado de crímenes de genocidio.