FRENTE A LOS AVANCES EN LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FARC: NOSOTROS SEGUIMOS ESPERANDO UNA RESPUESTA

“Es importante que, en la mesa, gobierno y FARC inviten a los pueblos indígenas y

afrocolombianos (…) para hablar sobre las dificultades y desafíos en

razón del proceso de paz, para escuchar sus opiniones, porque sin su

participación este proceso de paz no puede ser sostenible”

Todd Howland, Representante de Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia,   Una de las ultimas y más importantes noticias en el proceso de paz es la del acuerdo sobre la creación de “ un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas..”, y la aprobación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la resolución 2261 de 2016, que  autoriza la creación de una “Misión Especial de Monitoreo y Verificación del acuerdo sobre el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas”. No obstante, el ritmo vertiginoso del proceso en últimas semanas, el Consejo de Nacional de Paz Afrocolombiano – CONPA recuerda que desde noviembre del 2014, espera una respuesta de las partes a una comunicación entrega personalmente a los jefes de ambas delegaciones en la que se propone que reciban una delegación del Pueblo Afrocolombiano e Integren, conjuntamente con los Pueblos Étnicos,  una “ Comisión de las partes que trate, con la participación directa de nuestros pueblos – Indígenas, Rom, Raizal, Palenquero, Negro y Afrocolombiano-, la situación y nuestros derechos en medio del Conflicto Armado Interno y los acuerdos de paz”.   Respecto a la ausencia de participación de nuestros pueblos, en agosto del 2015, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia  recordó “que la participación política y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrocolombianos son derechos humanos” y recomendó “ …al Estado colombiano y a las FARC que inviten formalmente a La Habana a las autoridades de pueblos indígenas y afrocolombianos para que su visión y sus derechos colectivos sean garantizados en la construcción de la paz.”. Igualmente el CERD observó que “Las negociaciones de paz carezcan de la efectiva participación de los pueblos indígenas y de la población afrocolombiana;”,  y recomendó  que el Estado colombiano “ f) Garantice que los miembros de los pueblos indígenas y afrocolombianos, incluyendo mujeres, sean consultados apropiadamente en las negociaciones de paz a fin que el proceso de verdad, justicia y reparación tome en cuenta de manera efectiva sus intereses legítimos.”   No obstante estas y otras observaciones nuestras demandas siguen sin ser respondidas y los acuerdos entre las partes carecen de un análisis y perspectiva diferencial que corresponda a las realidades, necesidades, y derechos de nuestros pueblos como sujetos colectivos, pero también al impacto de las afectaciones desproporcionadas  recibidas en medio del conflicto armado interno que están reflejadas en desplazamiento forzado interno, confinamiento, asesinatos, desapariciones, feminicidios y violaciones a mujeres, delitos contra la cultura, etc.   Respecto a la participación de nosotros como Pueblo Negro nos llama la atención la respuesta dada por el Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo a una integrante del CONPA, según la cual en La Habana, no estaban en discusión los derechos de los Pueblos Étnicos. Esta respuesta desconoce entre otros asuntos, el carácter de víctima colectiva de nuestros pueblos, los derechos especiales que nos están reconocidos como sujetos de especial protección y las afectaciones desproporcionadas  que el conflicto causó y las que podrían causar los acuerdos que las partes están suscribiendo y la  implementación de estos en nuestros territorios, lo que de paso,  al contrario de la exclusión que se ha generado, debió abrirnos la posibilidad de mecanismos especiales y proporcionales de participación.   A pocas semanas del 23 de marzo y sin que se concrete nuestra participación como Pueblo, el CONPA:  

  1. Insiste en la necesidad de que las partes reciban en la Habana una delegación del Pueblo Negro y en la necesidad de la creación de una subcomisión para  grupos étnicos afro e indígenas, que trate la garantía de los derechos de los Pueblos en los acuerdos y en la implementación de los mismos.
  2. Cree que las partes tienen la obligación de asegurarse que lo acordado, considere los derechos y necesidades de los Pueblos a fin de prevenir futuros conflictos entre los acuerdos y  los derechos y realidades de los Pueblos. En esta dirección las partes deben conjuntamente con los pueblos deben establecer principios de interpretación de los acuerdos desde una perspectiva étnica y mecanismos que garanticen la participación, la consulta previa, libre e informada en los territorios colectivos y ancestrales de los pueblos negro, raizal, palenquero e indígenas. Algunos de estos principios tendrán que ver con el enfoque diferencial étnico y la afirmación positiva, el reconocimiento de las autoridades de los pueblos, el respeto a los derechos territoriales y al enfoque territorial desde la perspectiva de los pueblos, la autonomía y autodeterminación, la visión propia de desarrollo, la proporcionalidad, etc.
  3. Está seguro que en cumplimiento de esos principios, los acuerdos y su implementación deben fortalecer la identidad cultural, la autonomía de las comunidades, sus autoridades y organizaciones. Estos derechos que han sido afectados en medio de la confrontación armada, están siendo lesionados también por los megaproyectos, el desarrollo extractivista, etc. y deben ser respetados, ahora y en el postacuerdo,  al igual que el derecho a decidir  sobre las prioridades de desarrollo en sus territorios colectivos y ancestrales.
  4. Considera que los afrodescendientes urbanos y rurales,  hemos  sido víctimas desproporcionadas del conflicto armado interno, esta victimización ha aumentado la brecha de desigualdad racial heredada históricamente, los actos de racismo, discriminación racial  y crímenes de odio contra nuestra población por lo que las partes deben prever que los acuerdos y su implementación, no deriven en nuevas formas de discriminación y despojo y asegurar un componente amplio de fortalecimiento para nuestro pueblo y la garantía de  participación de todos los mecanismos de justicia transicional, comisión de la verdad, etc.,.
  5. Recuerda que la situación de los trabajadores afrocolombianos, como lo pudo constatar en su visita el parlamentario  Hank Johnson y los miembros del CBTU, sigue siendo crítica debido a desprotección de parte del Estado a los derechos, el incumplimiento efectivo a medidas como el Plan de Acción Laboral, la falta de protección y a las organizaciones, implica incorporar a los temas del posconflicto, la situación de los trabajadores afrocolombianos, en especial, los vinculados a sectores del azúcar, puertos, agroindustria.

  Finalmente, en agosto del 2013, el Presidente Santos hizo públicamente  en Quibdó,  en el marco del Primer Congreso Nacional del Pueblo Negro, el compromiso de reglamentar a diciembre de ese año,  íntegramente la Ley 70 de 1993. Después de casi 23 años esta ley sigue sin ser reglamentada  incrementando la vulnerabilidad de nuestras comunidades y sus derechos en todo el país. Para nosotros y nosotras es impensable un postacuerdo en el que no haya respuestas inmediatas a nuestras demandas.   “Inclusión de los grupos étnicos en los diálogos y acuerdos garantiza una paz inclusiva y duradera” Enero 28 2016. CONSEJO NACIONAL DE PAZ AFROCOLOMBIANO – CONPA

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